El Parlamento británico avanzó en una ley para limitar en uno por ciento el tope anual que subirán hasta 2016 los beneficios sociales, una cifra menor a la inflación, lo que afectará los ingresos de los sectores más pobres y vulnerables.

El gobierno defendió hoy el proyecto en la Cámara de los Comunes, que tras cinco horas de debate le dio el visto bueno por 324 votos contra 268.

La iniciativa, que recorta los subsidios al desempleo, a la maternidad y a la deducción impositiva que reciben los sectores de ingresos más bajos, pasará ahora a una revisión de comisiones antes de su aprobación.

De acuerdo al ministro de Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith, la medida va a «rebalancear» la economía y se hace «en nombre de los trabajadores de salarios más bajos», que de esta forma no tendrán aumentos menores que aquellos que reciben subsidios.

Hasta ahora los incrementos en ayuda social en el Reino Unido están atados a la inflación, que en 2012 fue cercana al tres por ciento, mientras la suba salarial promedio de los empleados públicos fue del uno por ciento.

«Hemos visto una creciente brecha entre los aumentos de las personas que reciben beneficios y aquellos trabajadores con sus salarios. Estamos tratando de volver a establecer un equilibrio», dijo Duncan Smith.

«No tomamos la decisión a la ligera. Aceptamos que hacemos esto porque tenemos que reducir el déficit público», reconoció el funcionario.

De acuerdo a datos del Instituto de Estudios Fiscales, la ley afectará a 7 millones de personas en familias con un mínimo de un integrante empleado y a 2,5 millones donde todos sus miembros son desocupados.

El propio Ministerio de Trabajo y Pensiones divulgó un informe donde admite que el cambio perjudica a la población más pobre «porque actualmente reciben un mayor nivel de beneficios que aquellos con mayores recursos, que solamente verán reducidos sus beneficios por hijos».

De acuerdo al trabajo, la modificación afectará sobre todo a mujeres, padres separados y familias con personas con discapacidad.

Ante este panorama, la organización Disability Rights, que trabaja por los derechos y la integración de las personas con discapacidad, alertó que un tercio de ese sector de la sociedad ya vive bajo la pobreza en el Reino Unido y que la ley empobrecerá a miles más.

Pero el gobierno argumenta que los ajustes implicarán un ahorro de entre 2 y 10 mil millones de libras en los próximos tres años, en el marco de sus políticas de austeridad para reducir el déficit público.

Cinco parlamentarios del Partido Liberal Demócrata, socios de los conservadores en el actual gobierno de coalición, no apoyaron la medida.

Uno de ellos, John Leech, señaló que «es objetable que para justificar el recorte los conservadores contrapongan retóricamente a los que no trabajan y a los que sí lo hacen».

Los laboristas, hoy en la oposición, también votaron en contra de la iniciativa, a la que calificaron de «atropello a los pobres».

El ex canciller del anterior primer ministro Gordon Brown, David Miliband, reconoció que hubo errores económicos durante ese gobierno, pero criticó al actual por recortar beneficios sociales y al mismo tiempo reducir los impuestos para los sectores más ricos.

La legisladora del Partido Verde, Caroline Lucas, fue más clara en su intervención: «Se trata de la legislación perversa y miserable de un gobierno perverso y miserable».

Por su parte, el sindicato más importante del Reino Unido, Unite, difundió los resultados de una encuesta realizada entre sus afiliados que concluyó en un claro rechazo al proyecto.

Según la consulta, «cerca del 60% de los trabajadores creen que los cambios llevarán a la población a una vida más difícil, y solamente el 17% sostiene que hará más justo al sistema».